Santo Domingo.-El Ministerio de Salud Pública a través del
Clúster de Alcohol de la Dirección General de Salud Mental mostró su
preocupación por las muertes de adolescentes en plena flor de la juventud, como
es el caso más reciente de Kimberly Adón, con apenas 16 años.
“Nuestra población de niños, niñas y adolescentes es muy
vulnerable a la exposición a tantos factores de riesgo, incluidos centros de
bebidas denominados “drinks”, discotecas y “colmadones”; y a otros vicios como
la hookah o bancas de apuestas. También, a la práctica precoz del sexo, con su
secuela inmediata de embarazos a destiempo”, explica.
Pese a la existencia de la Ley 136-3, que les protege, su
aplicación y seguimiento acusan una gran debilidad, lo cual se hace evidente
con frecuencia en los centros de expendio de bebidas alcohólicas, donde no se
les exige una identificación; y se les vende alcohol de manera indiscriminada.
A lo anterior se suma -afirma en nota de prensa- una
abierta permisividad por parte de los propios padres y madres, quienes
frecuentemente propician estas violaciones, llevando a hijos menores a “colmadones”,
donde son aceptados por los dueños de esos negocios.
“Sabemos que el consumo de alcohol se está iniciando a
edad muy temprana y que, de acuerdo a las encuestas En Hogar y Endesa, nuestra
población joven de 20 a 29 años es la que más consume alcohol. Aparte de eso,
son frecuentes los casos de niñas embarazadas desde los 11 años”, explica el
Clúster de Alcohol en su documento de prensa; y agrega:
“Con esta realidad, que golpea a nuestra población más
vulnerable, como Clúster de Alcohol insistimos en la necesidad de asumir una
actitud menos contemplativa y que las autoridades competentes apliquen la Ley
136-3, con un drástico régimen de consecuencias a padres y madres, así como a
los propietarios de centros de expendio de bebidas alcohólicas que violan lo
establecido por la legislación vigente”.
De igual modo, pidió a la Comisión de Control de Bebidas
Alcohólicas (COBA) del Ministerio de lo Interior y Policía dar seguimiento
permanente a la aplicación de la Ley 136, sistematizando la prevención y los
mecanismos de protección a estas poblaciones vulnerables.
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