El Comité Ejecutivo y demás
órganos que integran el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) informaron a sus miembros y a la opinión pública en
general que se declaran en bancarrota económica, situación que atribuyen al
estado de quiebra en que recibieron esas entidades, el pasado 4 de octubre del
año en curso.
En rueda de prensa ofrecida
este martes en su local de la avenida George Washington, el presidente del CDP,
profesor Adriano de la Cruz, dijo que esa organización está solicitando una
auditoría a la Cámara de Cuentas y aplicando un agresivo plan de cobros, que
incluirá sometimientos judiciales.
Reveló que en las cuentas
del Comité Ejecutivo “no había un solo centavo, pero sí varias deudas, como la
de Edesur, por valor de más de 4 millones de pesos”.
Explicó que, en cambio, el
IPPP fue recibido con una suma de 50 mil pesos, pero con atrasos de 2 meses en
el pago de las pensiones solidarias que se ofrecen a periodistas envejecientes,
igual a 225 mil pesos, así como con el seguro médico de los periodistas por
cerca de 200 mil pesos.
Dijo que, como consecuencia
de la dramática realidad heredada de la pasada administración, en la actualidad
se elevan a tres los meses de atrasos con los pensionados, por más de 300 mil pesos, y el seguro médico está
suspendido por falta de pago, corriéndose el riesgo de que desaparezca por su
insostenibilidad, lo que dejaría a decenas de periodistas y sus familias sin
tan importante ese servicio.
El presidente del CDP sostuvo que los
principales problemas dejados por la pasada directiva tienen que ver con
déficit presupuestario, reducción de las recaudaciones, falta del pago de las
pensiones, bajos salarios de los empleados, deficiencias administrativas, falta
de equipos y deterioro de la planta física.
En ese sentido, afirmó que
la principal fuente de recursos del CDP tiene ser la indicada en el artículo 21
de la Ley 10-91, que establece una contribución que los medios de comunicación
deben hacer a esa institución de un 0.5% del valor cobrado y pagado de la
publicidad que reciben, pero que muy pocos lo cumplen y aquellos que sí lo
hacen no aportan lo que debe ser.
Reveló que, debido al
incumplimiento con el pago de la contribución, el CDP recibe la pírrica suma de
alrededor 290 mil pesos mensuales, cuando le corresponde recibir en la práctica
más de 40 millones de pesos por mes.
“Eso provoca que el CDP
tenga que recurrir a aportes que hace el gobierno a través del presupuesto,
donaciones de un par de instituciones y el alquiler de una antena a una empresa
de telecomunicación, entre otras cosas, para poder sobrevivir, aunque sea de
manera asfixiante”, afirmó el profesor Adriano de la Cruz.
Explicó que frente al
panorama desolador y consciente de lo que se heredaría, la actual directiva
está tomando medidas para que, en un plazo breve, la situación financiera del
CDP comience a mejorar, sea posteriormente autosuficiente y deje de depender de
donaciones.
Dijo que, en tal sentido, se
están restringiendo los gastos, se procura aumentar las recaudaciones e
introducir una modificación a la Ley 10-91, para que, entre otras cosas, sea
más eficiente el cobro de la contribución.
Reveló que, debido al
incumplimiento con el pago de la contribución, el CDP recibe la pírrica suma de
alrededor 290 mil pesos mensuales, cuando le corresponde recibir en la práctica
más de 40 millones de pesos por mes.
“Eso provoca que el CDP tenga que recurrir a
aportes que hace el gobierno a través del presupuesto, donaciones de un par de
instituciones y el alquiler de una antena a una empresa de telecomunicación,
entre otras cosas, para poder sobrevivir, aunque sea de manera asfixiante”,
afirmó el profesor Adriano de la Cruz.
Explicó que frente al panorama desolador y
consciente de lo que se heredaría, la actual directiva está tomando medidas
para que, en un plazo breve, la situación financiera del CDP comience a
mejorar, sea posteriormente autosuficiente y deje de depender de donaciones.
Dijo que, en tal sentido, se están
restringiendo los gastos, se procura aumentar las recaudaciones e introducir
una modificación a la Ley 10-91, para que, entre otras cosas, sea más eficiente
el cobro de la contribución que deben pagar los medios de comunicación al CDP.
Indicó que también se están aplicando
mayores controles administrativos y contables, se está haciendo énfasis en la
transparencia, en rigurosidad en la aprobación de nuevos miembros, y la
revisión de los expedientes de la membresía, entre otras cosas.
En la rueda de prensa estuvieron presentes,
Tony Pina, secretario del Comité Ejecutivo; Rafael Peralta Romero, tesorero;
Raúl Germán, secretario de Educación; Dajelis Rodríguez, secretaria de
relaciones públicas y Santo Asencio, secretario de organización.
Igualmente, Juan Carlos Bisonó, presidente del
Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP); Pedro Belliard,
vicepresidente; Fernando Custodio, tesorero; Elsa Bello, presidenta del
Tribunal Disciplinario y, Brunilda Romero, secretaria general de la Seccional
del Distrito Nacional, entre otros.
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