El CDP dijo
que si es como se puede apreciar y relatan los comunicadores, de que ellos
simplemente cumplieron con su papel de informar que la magistrada dictó prisión
contra una mujer por el supuesto robo de un pica pollo, mientras que dejó en
libertad a varios miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas,
acusados de un supuesto tumbe de narcótico, lo que hicieron fue cumplir con su
papel de periodistas.
De su lado, David R. Lorenzo, abogado del CDP,
señaló que los periodistas son responsables únicamente de las informaciones que
difunden a través de medios de comunicación y redes sociales, y no de los comentarios realizados por el público.
Manifestó que si la magistrada actuó bien y apegada
al derecho, no tiene por qué temer a las informaciones publicadas y los comentarios
de los ciudadanos, aunque estos en algunos casos pudieran ser fuera de tonos.
Indicó que las informaciones publicadas por Vega y
Peguero en las páginas
www.atacandodigital.com. www.diariolibre.com, el noticiero AN7 de Antena
Latina y las cuentas de Facebook y Twiter de los medios nacionales y reses no
son atacan la moral de la magistrada.
Vega y
Peguero fueron citados para este martes 8 de mayo, a la 9:00 de la mañana a una audiencia de
conciliación por ante el juez Francisco Arias, en el palacio de justicia, de
esta ciudad de Hato Mayor.
La juez Varela Astacio, acusa a través de su
abogado, José A Fis Batista, a Vega y
Peguero de violar los artículos 32, 359, 294, 118, 267, 268, 297 y siguientes
del Código Procesal Penal Dominicano, así como los artículos 367 del Código
Penal Dominicano y los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 Sobre Crímenes de Alta
Tecnología.
En su petición, la magistrada Varela Astacio
solicita un año de prisión a los comunicadores y multas de 300 salarios
mínimos, así como una indemnización de un peso simbólico, como justa
indemnización por los daños y perjuicios sufridos por ella.
Los
periodistas mostraron extrañeza con la
notificación hecha por un ministerial el pasado viernes, donde lo llaman a una
audiencia de conciliación por supuesta difamación e injuria en contra de la
magistrada, quien al momento de las
decisiones judiciales se desempeñaba como juez de la instrucción y luego
promovida a la Cámara Civil y Comercial
del Departamento Judicial de Hato Mayor.
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