Santo
Domingo. – Un estudio realizado por la Asociación de Ayudas a las
Familias (ADAF) determinó que los menores de edad de la provincia Santo Domingo
Norte tienen una alta probabilidad de ser víctimas de explotación sexual
comercial Infantil derivado de los elevados niveles de pobreza, deserción
escolar, violencia en el entorno familiar y la demanda de turismo sexual.
Con la intención de prevenir
y reducir esta incidencia ADAF ha lanzado la campaña “Si callamos, nos hacemos
cómplices! La explotación sexual comercial infantil es un delito”.
La coordinadora del
proyecto, Adalgisa Batista, afirmó que este plan utiliza una jornada educativa
a nivel familiar y comunitario para fortalecer las capacidades personales y
familiares, reduciendo así los riesgos psicosociales y de salud física que
conlleva esta situación, restituyendo a las víctimas en sus derechos y
garantizando que finalicen su educación.
“En el proyecto están
involucrados 9 centros educativos identificados como de alto riesgo (seis
públicos y tres privados), la sociedad civil de Los Guarícanos y el Ministerio de
Educación “, indicó Batista.
Bajo el respaldo del
Ministerio de Educación, ADAF brindará capacitación a 70 docentes de nueve
centros educativos con la intención de favorecer la identificación de personas
en riesgo y víctimas de la explotación sexual comercial infantil, así como
implicar a profesores en la prevención, fomentando su intervención.
La psicóloga Batista indicó
que un estudio realizado por OIT/IPEC en 2006, sobre “Tolerancia Social en la
Población frente al Comercio Sexual con Personas Menores de Edad en
Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, puso en evidencia la tolerancia
social que existe en República Dominicana en torno a esta actividad delictiva,
ya que el 7% de los entrevistados considera que pagar a una persona menor de
edad para tener relaciones sexuales no debe considerarse un delito.
“El mismo estudio muestra el fenómeno de la
invisibilidad de la responsabilidad de los perpetradores, de la colectividad y
del Estado, en nuestro país las causas de este delito son atribuidas en un 59 %
a las mismas víctimas y a sus familias, contra el 22 % de responsabilidad del
Estado, el 3 % del proxeneta y apenas el 0.8% del cliente”, puntualizó Batista.
El objetivo de este proyecto,
patrocinado por el Gobierno de Aragón y la Fundación Mas Vida de España, es
lograr un cambio de conducta frente a la normalización de la explotación sexual
comercial infantil y que la ciudadanía denuncie.
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