Para
avanzar como sociedad, debemos avocarnos a grandes cambios estructurales,
educativos y normativos, con enfoques actuales, de siglo XXI; garantistas,
fuertes, reales y posibles. La presente premisa responder a que, es necesario
descontinuar de nuestra sociedad acciones que invisibilizan derechos y
fortalecen culturas retrogradas, que laceran derechos humanos, derechos
fundamentales.
Para
muestra citemos el matrimonio infantil. Una vergüenza, para un país que busca,
ansía y espera cruzar el subdesarrollo. Pero, con normas atrasadas, carencias
educativas y la desigualdad social existentes, es difícil avanzar como nación.
Nuestro
congreso debe ya, aprobar la mayoría de edad poder contraer matrimonio. No debemos permitir más, que nuestras niñas
sigan siendo presas de adultos depredadores en su mayoría, quienes las abusadas
y violentadas. Siendo justamente nosotros, las apersonas adultas, que debemos
protegerlas.
La Ley
Suprema es clara al hablar en su artículo 56, de la protección de las personas
menores de edad: La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés
superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y
protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos fundamentales.
En
ese sentido, declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo
infantil; todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de
edad.
La
Declaración de los Derechos del Niño, nos indica que, tanto los niños, niñas
como los adolescentes deben ser protegidos por el Estado contra toda forma
abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física,
psicológica, moral o sexual; explotación comercial, laboral, económica y
trabajos. Entonces, ¿podríamos decir que, el matrimonio infantil podría sin ser
ese su fin, disfrazar el abuso sexual? ¿Podría darse en él, violencia de todo
tipo y niveles de explotación? Es posible, pues, en la viña del Señor hay
de todo.
Esta
problemática, arrastrada desde tiempos antiquísimos, fruto de una cultura
oscurantista; que subyuga, ya no puede continuar. Nos lastima hasta el alma.
Eliminar el matrimonio infantil, es una deuda que tiene el legislador con la
sociedad dominicana, con su patria, si realmente busca bienestar social.
Resarcirlo, es elevarnos como nación garante de derechos humanos, celosa
protectora de su población, máxime de esta, la franja más vulnerable.
Frenemos
ya esta acción y ocupémonos de ofrecer atención especial a nuestras menores de
edad, que en nuestro caso es a quienes les permitimos con la anuencia de su
familia, tener esposo, casi siempre un adulto. Ellas son seres humano-vulnerables,
no ha acabado de desarrollarse ni física ni mentalmente.
El
principio del interés superior del niño debe primar, en el bienestar físico, mental.
Pero la protección de los niños y las niñas no es tarea solo del, ¨el Estado
soy yo¨, como dijo el rey del sol, Luis XIV de Francia. La familia debe cumplir
su rol. La Constitución pauta la guía en el artículo 55: ¨La familia es el
fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de
las personas¨.
Esta
problemática nos atañe a todos. A eso sumémosle que niñas y mujeres jóvenes de
15 a 19 años en nuestro país, quedan embarazadas en la adolescencia; embarazos
no son planeados ni deseados, según nos indica Human Rights Watch. Una realidad
que nos habla de vulneración de derechos, carencias educativas, desprotección,
pobreza y exclusión social.
De
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la
República Dominicana el matrimonio infantil es similar a los países del África
Subsahariana, donde el 39 % de niñas y adolescentes se casan antes de los 18 años.
¡La comparación da grima!
Es
imperioso que la Rep. Dom elimine el matrimonio infantil, con el que muchas
veces la juventud busca emanciparse, pero en el que, en la generalidad, entra
en relación forzosa, que además le lleva a incrementar el nivel de pobreza.
Frenemos
este mal. Honorables legisladores, aquí solo hay consecuencias ajas.
Accionemos, y ejecutemos políticas públicas prudentes. Honremos nuestros
compromisos.
La
autora reside en Santo Domingo. Es educadora, periodista, abogada y locutora.
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