El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció hoy que no renovará los contratos denunciados como leoninos para la adquisición de cemento asfáltico AC-30, suscritos en la pasada gestión. A partir de ahora, habrá un nuevo proceso de licitación apegado a la ley y en términos competitivos e igualitarios.
El anuncio fue hecho por
Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Roberto
Herrera, viceministro de Obras Públicas y Carlos Pimentel, director general de
Compras y Contrataciones Públicas, en rueda de prensa realizada en el Salón Las
Cariátides del Palacio Nacional, la tarde de este martes.
“Tradicionalmente, el
negocio de AC-30, o cemento asfáltico, ha estado regulado mediante contratos
que el Poder Ejecutivo considera inequitativos, en algunos casos ilegítimos y
hasta leoninos. Es una decisión del Poder Ejecutivo disponer que las
contrataciones sobre este importante producto estén reguladas mediante los
principios de transparencia, equidad e igualdad”, afirmó el consultor jurídico.
En los contratos, que han
sido sometidos a análisis, se observa que no contienen cláusulas para regular
la vigencia, modificación, terminación, resolución, arbitraje, nulidad,
sanciones y solución de controversias, en violación al artículo 28 de la ley
número 340-06; por lo que Obras Públicas pondera la posibilidad de que puedan
ser terminados de manera unilateral. Además, de que se trata de contratos
diferentes y que no están vinculados unos con otros.
De su lado, Roberto Herrera,
viceministro del MOPC, afirmó “ante esto, si bien el contrato fue registrado
por la Contraloría General de la República con una vigencia desde el 21 de
diciembre de 2017 hasta el 21 de diciembre de 2018, en su contenido no se
verifica que esto haya sido convenido entre las partes, lo que conjuntamente
con las demás omisiones señaladas, podría constituir una causa de invalidez del
acuerdo, conforme a la citada disposición legal”.
Los contratos validados por
la pasada administración para la compra de asfalto, y que no serán renovados,
se realizaron al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y
apoyados en normativas derogadas, usando una modalidad de adendas para
mantenerse haciendo negocio con el Estado dominicano en la venta de cemento
asfáltico.
El director general de
Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró que “dichos
acuerdos no serán renovados y que en lo adelante tendrán que concursar en
licitación competitiva, en igualdad de condiciones, donde todos los proveedores
de ese producto tengan la oportunidad de participar y de esa forma liberalizar
el comercio de AC-30 en República Dominicana”.
El Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones de la pasada gestión mantenía contratos con varias
empresas para suministrar cemento asfáltico AC-30 o PG-76, a su entera
discreción, práctica amparada en un supuesto motivo de excepción que permitía
la contratación exclusiva, en violación de la citada ley y sus principios.
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